Acabo de sentarme a la mesa como lo
hago prácticamente a diario, si mis quehaceres me lo permiten, que lo suelo
hacer casi sin excepción, con mis tres hijos adolescentes y mi mujer.
Creo que muchos de los que me lean
pensarán que ya han pasado por esto, al igual que lo hago yo, pero en un
momento vi que todos nos encontrábamos mirando el dichoso móvil.
Existe una norma clara en nuestra
mesa y es que ninguno podemos comer con el móvil cerca, no hay nada que mas
rabia me dé, pero por una u otra extraña razón todos decidimos ese día
saltarnos la norma, hasta que recapacitamos en común.
Está claro que internet y la
tecnología se ha apoderado de nuestra vida y con ello ha crecido la exposición
exponencial a los peligros que acechan en la red.
Obviamente la red ha llevado a cabo un cambio
del escenario criminológico. Si observamos la labor legislativa de los últimos
tiempos, ésta está dirigida principalmente a las nuevas tecnologías de la
información y comunicación, con la intención de protegernos más de los malvados
que campan por la red, y proteger a la vez a los más jóvenes que caen atrapados
en la misma.
Ciberbullying, ciberstalking,
cibergrooming, pornografía, sexting, radicalización y otras formas de violencia
en la red, son palabras de las que nunca habíamos oído hablar y hoy no sólo nos
suenan si no que en algunos despachos nos han hecho familiarizarnos con ellas y
trabajar codo con codo con los miembros de las FFCCSE (Policía Nacional y
Guardia Civil) porque hemos tenido algún cliente que se ha visto perjudicado
directamente.
Vaya desde aquí nuestra más sincera
enhorabuena a aquellos profesionales que trabajan abnegadamente, algunos
robándole horas a sueño para desde su casa continuar las investigaciones que
comienzan en la Comisaría o en la Comandancia. Aquellos que no salen en los
titulares, aquellos que no responden ante una Cámara o que no son felicitados
por el Ministro o Directos General de turno, pero que sin ellos la
investigación no hubiera dado sus frutos.
Hemos visto recientemente como se
puede suplantar una personalidad en Twitter creando una cuenta “fake” y hacerse
pasar por un personaje público para insultar y denostar la figura de otro
particular.
Hemos visto como se denuncia dicha
actitud ante una red social como Twitter y como ésta da su callada por
respuesta (no viola la normativa de la empresa, dicen)
Hemos visto como la impotencia se
apodera de la perjudicada y con ella de la funcionaria del Cuerpo Nacional de
Policía que investiga su crimen, y sí digo crimen porque bajo nuestro criterio
lo que se hace es una suplantación de personalidad y un quebranto tan
importante al derecho al honor y a la propia imagen que no es que raye la
delictivo sino que se adentra varios kilómetros dentro de la raya de lo ilegal.
Es claro que la utilización tan
abrumadora de estas vías de comunicación en la sociedad de la información está
provista de una gran relevancia social y jurídica. Al aprovechamiento que
supone para los ciudadanos la información, la globalización, la educación, la
cultura, el entretenimiento, la herramienta de desarrollo de las sociedades
comerciales, etc. hay que añadir los riesgos que se derivan del mal uso de las
mismas.
Y es ahí, en el ciberespacio dónde se genera el
germen de una nueva criminalidad. Es en este escenario, dónde no existe un
vigía nítido como existe en el espacio físico que controle la correcta sumisión
a la ley dónde se producen un número infinito de tropelías que, cuando llega su
reparación si los vientos de los dioses son favorables (que un juez se otorgue
la competencia, que sea capaz de discernir la criminalidad de la acción, que no
acabe cediendo la misma por incompetencia territorial, y tantos y tantos peros)
ya de nada sirve pues el mal está hecho y la reparación deviene imposible.
En este sentido, la mayoría de los jueces de
instrucción, y lo digo por experiencia, cuentan en su debe con una muy escasa
preparación en redes sociales, en fenómenos relacionados con la informática
dónde el mayor problema suele residir en que los servidores dónde se cuelga la
información a investigar se encuentran por lo general en países lejanos, lo que
no es casualidad, en los que la ley a aplicar se hace muy costosa y queda
reservada casi exclusivamente a delitos en la red como pederastia o alguno de
esa naturaleza.
Tradicionalmente no sólo en el área de las Redes
Sociales sino en la realidad tradicional existe para un sector importante de la
información la sensación de que los delitos contra el honor o la imagen carecen
de la trascendencia que se otorga al resto, sin pararse a pensar que para
nuestra constitución dichos derechos son derechos fundamentales.
Y derechos fundamentales quiere decir derechos
superprotegidos.
Por ello debemos poner cada vez mayor atención y
dotar de más y más recursos a los Cuerpos de Investigación de la Policía
Nacional y la Guardia Civil, además de las policías autonómicas como la
Ertxaintza, los Mosos de Esquadra o la Policía Canaria para que los
comportamientos como éstos no resulten impunes. Que puedan dilucidarse que
comportamientos de los que describimos comportan una quiebra de la ley y que
los que los acometan sean conscientes de que no existe impunidad en este campo.
Que una vez condenados, al igual que se hace con un agresor familiar o sexual
se lleve a cabo con ellos cursos de concienciación y reparación del daño.
Vaya finalmente mi solidaridad con las víctimas.
Las grandes olvidadas en cualquier situación delictual. Porque las víctimas a
las que nos referimos no son víctimas de segunda. Algunas además todos estos
actos dejarán secuelas graves. De todo tipo. Y lo peor de todo no encontrarán
consuelo en ninguna institución. Todas ellas nos mostraban su más absoluta
soledad y desamparo, que tan sólo el calor de sus defensores o del individuo
que hay detrás de una placa oficial podría mitigar. Vaya para ellas nuestro
reconocimiento.
Jose Maria Garzon abogado
