Los delitos de estafa están en auge. Con el inicio de la crisis y de la enseñanzas de la anterior recesión económica han surgido una serie de conductas delictivas que cada vez va mas en aumento y que tienen gran repercusión en la Administración de Justicia.
Repercuten gravemente al elevar el número de asuntos por procedimientos que tienen una investigación fácil, pero que añadido a la carga de trabajo actual surgen demoras injustificadas.
Cuanto la economía no funciona adecuadamente, los ciudadanos tienden a deshacerse de sus vehículos considerados de gama alta que ya son de difícil mantenimiento para sus dueños y que tienen averías, vendiéndolo con los defectos o averías que tienen originariamente. Y al proceder a la venta de los mismos aparecen esas averías que inicialmente no se podían apreciar pero que ocasiona un coste muy elevado para la parte compradora.
En estos casos la parte vendedora se ha desprendido de un vehículo averiado y con dificultad de mantenimiento y la parte compradora ha obtenido un vehículo que están constantemente en el taller para arreglar todo lo que tienes.
Partimos de la premisa que casi cualquier persona compra un vehículo sin tener conocimiento de mecánica y por eso le impide saber el estado real del vehículo. También surgen al dificultad de no existir un control legal de todas las reparaciones que tiene cualquier vehículo como si fuera un historial médico de un paciente, que ello llevaría por lo menos a tener mas certidumbre en cualquier persona a la hora de realizar cualquier compra.
Tampoco existen los medios adecuados dados por la administración para que se revise mecánicamente cualquier vehículo en venta y así poder evitar esas circunstancias indeseables para mucha gente, ya que, seguramente, muchas personas no adquirirían un vehículo si conocieran el estado real del mismo, además de evitarse los costes judiciales siguientes con el mismo.
Finalmente para poder reclamar todos los defectos que existen en un vehículo es conveniente encargar un informe pericial para poder demostrar la veracidad de nuestras alegaciones y pretensiones, dejando procesalmente la doble elección de aportar un informe de parte o bien designar judicialmente un perito que sea de absoluta imparcialidad.
Con su resultado posterior solo faltará demostrar si hubo algún de dolo o engaño por parte de la parte vendedora y subsidiariamente demostrar si existen vicios ocultos que no pudieron conocerse a la fecha de la venta.
En ambos casos la parte vendedora tiene la obligación de reparar los daños del vehículo y en muchos casos se acuerda la devolución del mismo.
JOSE MARIA GARZON
ABOGADO
No hay comentarios:
Publicar un comentario