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domingo, 13 de noviembre de 2016

Delitos informáticos por Jose Maria Garzon abogado

            Acabo de sentarme a la mesa como lo hago prácticamente a diario, si mis quehaceres me lo permiten, que lo suelo hacer casi sin excepción, con mis tres hijos adolescentes y mi mujer.

            Creo que muchos de los que me lean pensarán que ya han pasado por esto, al igual que lo hago yo, pero en un momento vi que todos nos encontrábamos mirando el dichoso móvil.

            Existe una norma clara en nuestra mesa y es que ninguno podemos comer con el móvil cerca, no hay nada que mas rabia me dé, pero por una u otra extraña razón todos decidimos ese día saltarnos la norma, hasta que recapacitamos en común.

            Está claro que internet y la tecnología se ha apoderado de nuestra vida y con ello ha crecido la exposición exponencial a los peligros que acechan en la red.

             Obviamente la red ha llevado a cabo un cambio del escenario criminológico. Si observamos la labor legislativa de los últimos tiempos, ésta está dirigida principalmente a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, con la intención de protegernos más de los malvados que campan por la red, y proteger a la vez a los más jóvenes que caen atrapados en la misma.

            Ciberbullying, ciberstalking, cibergrooming, pornografía, sexting, radicalización y otras formas de violencia en la red, son palabras de las que nunca habíamos oído hablar y hoy no sólo nos suenan si no que en algunos despachos nos han hecho familiarizarnos con ellas y trabajar codo con codo con los miembros de las FFCCSE (Policía Nacional y Guardia Civil) porque hemos tenido algún cliente que se ha visto perjudicado directamente.

            Vaya desde aquí nuestra más sincera enhorabuena a aquellos profesionales que trabajan abnegadamente, algunos robándole horas a sueño para desde su casa continuar las investigaciones que comienzan en la Comisaría o en la Comandancia. Aquellos que no salen en los titulares, aquellos que no responden ante una Cámara o que no son felicitados por el Ministro o Directos General de turno, pero que sin ellos la investigación no hubiera dado sus frutos.

            Hemos visto recientemente como se puede suplantar una personalidad en Twitter creando una cuenta “fake” y hacerse pasar por un personaje público para insultar y denostar la figura de otro particular.

            Hemos visto como se denuncia dicha actitud ante una red social como Twitter y como ésta da su callada por respuesta (no viola la normativa de la empresa, dicen)

            Hemos visto como la impotencia se apodera de la perjudicada y con ella de la funcionaria del Cuerpo Nacional de Policía que investiga su crimen, y sí digo crimen porque bajo nuestro criterio lo que se hace es una suplantación de personalidad y un quebranto tan importante al derecho al honor y a la propia imagen que no es que raye la delictivo sino que se adentra varios kilómetros dentro de la raya de lo ilegal.

            Es claro que la utilización tan abrumadora de estas vías de comunicación en la sociedad de la información está provista de una gran relevancia social y jurídica. Al aprovechamiento que supone para los ciudadanos la información, la globalización, la educación, la cultura, el entretenimiento, la herramienta de desarrollo de las sociedades comerciales, etc. hay que añadir los riesgos que se derivan del mal uso de las mismas.

Y es ahí, en el ciberespacio dónde se genera el germen de una nueva criminalidad. Es en este escenario, dónde no existe un vigía nítido como existe en el espacio físico que controle la correcta sumisión a la ley dónde se producen un número infinito de tropelías que, cuando llega su reparación si los vientos de los dioses son favorables (que un juez se otorgue la competencia, que sea capaz de discernir la criminalidad de la acción, que no acabe cediendo la misma por incompetencia territorial, y tantos y tantos peros) ya de nada sirve pues el mal está hecho y la reparación deviene imposible.

En este sentido, la mayoría de los jueces de instrucción, y lo digo por experiencia, cuentan en su debe con una muy escasa preparación en redes sociales, en fenómenos relacionados con la informática dónde el mayor problema suele residir en que los servidores dónde se cuelga la información a investigar se encuentran por lo general en países lejanos, lo que no es casualidad, en los que la ley a aplicar se hace muy costosa y queda reservada casi exclusivamente a delitos en la red como pederastia o alguno de esa naturaleza.

Tradicionalmente no sólo en el área de las Redes Sociales sino en la realidad tradicional existe para un sector importante de la información la sensación de que los delitos contra el honor o la imagen carecen de la trascendencia que se otorga al resto, sin pararse a pensar que para nuestra constitución dichos derechos son derechos fundamentales.

Y derechos fundamentales quiere decir derechos superprotegidos.

Por ello debemos poner cada vez mayor atención y dotar de más y más recursos a los Cuerpos de Investigación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de las policías autonómicas como la Ertxaintza, los Mosos de Esquadra o la Policía Canaria para que los comportamientos como éstos no resulten impunes. Que puedan dilucidarse que comportamientos de los que describimos comportan una quiebra de la ley y que los que los acometan sean conscientes de que no existe impunidad en este campo. Que una vez condenados, al igual que se hace con un agresor familiar o sexual se lleve a cabo con ellos cursos de concienciación y reparación del daño.


Vaya finalmente mi solidaridad con las víctimas. Las grandes olvidadas en cualquier situación delictual. Porque las víctimas a las que nos referimos no son víctimas de segunda. Algunas además todos estos actos dejarán secuelas graves. De todo tipo. Y lo peor de todo no encontrarán consuelo en ninguna institución. Todas ellas nos mostraban su más absoluta soledad y desamparo, que tan sólo el calor de sus defensores o del individuo que hay detrás de una placa oficial podría mitigar. Vaya para ellas nuestro reconocimiento.  

Jose Maria Garzon abogado

domingo, 6 de noviembre de 2016

Crimen de pioz: por Jose Maria Garzon

Crimen de pioz: por Jose Maria Garzon. Recientemente el despacho del abogado Jose Maria Garzon hemos sido invitados por un medio de comunicación para dar nuestra opinión sobre un asesinato múltiple realizado en Guadalajara y el papel que pueden desarrollar en la comisión de tan execrables delitos terceras personas que intervienen en los asesinatos.

            Nos llena de satisfacción ver como se cuenta con el despacho del abogado Jose Maria Garzon, para dar unas clases didácticas sobre el asunto. Lo primero que hicimos fue desarrollar cual era el papel que ejerce el cooperador necesario, siendo ésta una conducta que presenta una peligrosidad antes de realizar los hechos, incrementando muy notablemente las posibilidades de realización de los asesinatos por el autor material de los mismos (no sólo tiene que existir un autor material, aquel que realmente acaba con la vida de la o las victima o víctimas sino que puede haber también coautores que sin acabar materialmente  con la víctima, ostentando lo que los técnicos llamamos el dominio material del hecho, aunque no hubiera intervenido en la fase ejecutiva de los asesinatos lleva también el dominio funcional del hecho).

            Como decimos la conducta del cooperador necesario tiene que ayudar de forma eficaz a la realización de los citados asesinatos ayudando a hacerlos posibles de la manera que era previsto que se hicieran gracias a su ayuda, pero no goza del dominio funcional del hecho, lo que quiere decir que él no puede controlar cómo, cuando y de que manera se realizan.


            Como vemos lo importante de estas figuras delictivas, tan desconocidas para la ciudadanía que sin embargo están en boca de todos es la realización conjunta del hecho viendo en cada caso los diferentes grados de participación como pueden ser la inducción o la cooperación necesaria a la que hemos hecho referencia con anterioridad, que aunque a pesar de su equiparación punitiva en algunos casos, o lo que es lo mismo para que lo entiendan todos los que lean este artículo que para estos casos la pena es la misma en cualquier caso, la diferencia estriba en que éstos no realizan el hecho realmente. Lo mismo podría decirse de la complicidad ya que en este caso el cómplice tampoco realiza el hecho limitándose a colaborar en su preparación o ejecución.

            La misma cuestión ocurre con el autor de una tentativa, al que se le aplica la pena menor en uno o dos grados establecida en relación con los tipos penales llevados a cabo o consumados, para lo que el código penal establece que es necesario que el sujeto los realice el mismo, por sí sólo o utilizando a otro de forma instrumental, completa o incompletamente, desarrollando la acción descrita en el Código Penal con la diferencia de que en este caso no llega a producirse el resultado que prevé el Código Penal que en este caso no es sino la muerte del sujeto al que se ataca.
           
            Como podemos ver, existen multitud de figuras en las que poder incardinar la actividad delictiva del sujeto agresor, entendiendo que éste no es sólo el que ejecuta materialmente el acto, esto es el que utiliza un cuchillo y acaba con la vida, o una pistola que dispara hacia otro sujeto. O el que al amordazar a alguien lo hace tan salvajemente que le impide el respirar. Además vemos que la coautoría no deja de ser una ficción legal puesto que el coautor no realiza ninguna de las actividades anteriormente descritas, no dispara frente a una víctima, no la acuchilla o amordaza salvajemente y sin embargo, según lo establecido en nuestra legislación ejecuta actos indispensables para que el autor material de muerte a la víctima.

            Existen sentencias en las que se estima la autoría de un sujeto simplemente por desarrollar labores de vigilancia en un coche fuera de una casa a la que los autores materiales entraron con el objetivo de secuestrar a sus moradores y pedir un rescate por ellos. La labor de dicha persona no se limitó a las labores de vigilancia sino que además condujo el coche hasta el cobertizo dónde tuvieron retenida a la víctima e incluso llegó a telefonear a los familiares del sujeto pidiendo el rescate. Posteriormente dicha persona abandonó su actividad dentro del citado grupo criminal y dos de los restantes componentes del mismo intentaron, afortunadamente sin éxito acabar con la vida del secuestrado. Como vemos los Tribunales estimaron que la citada actividad era de tanta enjundia, es decir tan relevante para la consecución del fin delictivo que pretendían los criminales que la consideró coautora del citado crimen, penándola igual que si hubiera sido la autora material aunque ella no blandió ningún cuchillo, no secuestró a la víctima, no intentó acabar con la vida de éste, pero sin embargo si desarrolló acciones relevantes para la consecución del hecho delictivo. Vemos que en este caso la coautoría, por ello, es una ficción legal, que como vemos no deja de ser un endurecimiento de la consecuencia jurídica de la realización parcial de un hecho, menos graves que la realización completa del mismo, pero realizada de forma conjunta con otras personas, lo que es más grave que la realización individual y subjetiva. Estas otras personas también realizan el hecho parcialmente pero su consideración resulta mas grave que las conductas de mera participación parcial.

            El endurecimiento al que hemos hecho referencia de dichas consecuencias, si las ponemos en relación con las que se otorgan a la realización parcial individual, vería su justificación por el otorgamiento de una mayor gravedad de los sujetos que lo llevan a cabo, y representa el consentimiento, siquiera tácito del requisito de un mutuo acuerdo de los sujetos intervinientes en la comisión del ilícito penal y que no deja más que ser el elemento definitorio de la coautoría.

            Como veis, podemos rellenar hojas y hojas con figuras de la ejecución de los delitos y máxime en los delitos tan graves como pueden ser los atentatorios contra la vida humana o la libertad o contra la indemnidad sexual, en los que resulta muy habitual la intervención de un importante grupo de personas y en los que nuestra legislación, dados los intereses jurídicos puestos en juego, ha procurado atenazar al máximo.


            Fdo: Jose Maria Garzon. Abogado 


martes, 1 de noviembre de 2016

La resolución de los contratos, por Jose Maria Garzon abogado

La resolución de los contratos por incumplimiento de una de las partes


Es de sobra sabido que cuando una parte no cumple con la parte que le incumbe la otra parte puede solicitar la resolución del contrato. Parece un punto de partida simple y sencillo que no siempre se suelen percatar las partes. Si la otra parte no hace lo que se hubiera comprometido ¿por qué tendría que cumplir yo con mi parte del contrato?.  Si analizamos tal situación hay que descartar las resoluciones unilaterales por decisión propia de una de las partes, fuera el motivo que fuera, y fuera la intención que fuera. La última cuestión que ha surgido en el despacho de abogados de Jose Maria Garzon, es la resolución unilateral por incumplimiento de una de las partes en la última semana próxima a vencer el plazo del cumplimiento del contrato por nuestros clientes. En dicho debate judicial nuestra postura fue clara desde el inicio del proceso, comunicando previamente a la contraparte la resolución del contrato del plazo de vigencia del contrato, y además, exponiendo pormenorizadamente todos y cada uno de los motivos por los que se solicitaba la resolución. La parte contraria utilizó todo el proceso judicial para intentar convencer al juez de la existencia de una mala fe por parte de nuestros clientes al resolverlo una semana vista de la finalización del plazo del cumplimiento de nuestros clientes. Como muchas otras veces en un proceso judicial vemos dos posturas bien diferenciadas, en este caso sería la del cliente del despacho de Jose Maria Garzon que plantea el cumplimiento escrupuloso de un precepto recogido en el código civil, y por otro lado tenemos la postura del desprestigio, que no hace otra cosa que dejar de hablar del incumplimiento contractual de su cliente y pasa a hablar mal de nuestros clientes y de intentar convencer al Juzgador de lo que la ley no le concede. En un Estado de derecho siempre debe prevalecer la ley por muy injusta que parezca. El Juez con esas dos posturas claras y diferenciadas  tenía una primera misión que sería la de establecer que hechos son reconocidos por ambas partes, y aquí fue el talón de Aquiles de la otra parte. Con el ánimo de desprestigiar se olvidaron de negar hechos que habían ocurrido, y es más, incluso reconocieron hechos que les perjudicaron. Con ello no quiero decir que siguieran una estrategia procesal inadecuada sino que a la postre ha sido el detonantes de una sentencia estimatoria para las intenciones de los clientes del despacho de Jose Maria Garzon. Si parece difícil cualquier proceso judicial, mas difícil es cuando los hechos que han sucedido entre dos partes son reconocidas por ambas pero cada una saca una conclusión muy diferente, y ahí es cuando tiene que intervenir un Juez como máxime responsable del cumplimiento de la ley y del respeto por la Justicia. La sentencia, como no podía ser de otra manera, estimó la resolución del contrato por incumplimiento de una de las partes. Se reconoció que era independiente del comportamiento de la parte que había solicitado la resolución, alegando que si ésta hubiera incumplido con su parte lo que tendría que haber solicitado sería la resolución por incumplimiento de los clientes del despacho de Jose Maria Garzon. Una vez verificado la resolución, y ya reconocida por un Juez, solo tendríamos que pensar en las consecuencias que tiene dicha resolución. Dichas consecuencias vienen recogidas en el Código Civil  que serían la de la obligación del cumplimiento o la resolución y la indemnización por daños y perjuicios. El consejo que podemos dar es que el cliente, antes de tomar cualquier decisión, sepa que tiene el derecho de resolver cualquier contrato de carácter civil cuando la otra parte no cumple con su parte. Que no hay que conformarse con esperar a que la otra parte lo cumpla cuando estime conveniente porque el plazo para cumplir obligaciones es de obligado cumplimiento para ambas partes, y si el plazo es una clausula que se pone en un contrato es porque es importante para ambas partes, cuanto más para resolverlo cuando se incumple grave y reiteradamente dicha clausula. Finalmente la duda que le surgió a los clientes del despacho de jose maria garzon era el plazo que tenían para  resolver el contrato y posteriormente plantear la demanda. Se les informó que habría que resolver el contrato en el mismo momento en que se produjera el incumplimiento, y una vez que la otra parte no les indemnizara se plantearía la correspondiente demanda judicial. Con el ejercicio rápido de sus derechos, finalmente hemos tenido conocimiento que somos los primeros en haber obtenido una sentencia estimatoria y por lo tanto deberíamos ser los primeros en cobrar, evitando de esta manera motivos de insolvencia total o parcial que privara de efectividad el resultado de una sentencia ganada por el despacho de abogados de Jose Maria Garzon. La rapidez en estos casos es fundamental porque cuando una empresa no cumple con sus compromisos puede ser el primer aviso para un posible concurso de acreedores o una suspensión de pagos.